El espacio público ha sido históricamente un escenario de disputa, en él convergen diferentes actores, ideologías y movimientos sociales que buscan visibilizar sus demandas. Pero, ¿qué hace que un espacio público pueda considerarse patrimonio? El patrimonio urbano no se limita solo a edificios antiguos o monumentos reconocidos oficialmente; también incluye aquellos lugares que poseen un valor simbólico, social e histórico para una comunidad. Un espacio público se convierte en patrimonio cuando es reconocido colectivamente por su significado dentro de la identidad cultural de una sociedad, ya sea por su historia, su uso o su relación con eventos trascendentales. En este contexto, el movimiento feminista ha desempeñado un papel clave en la resignificación del patrimonio arquitectónico y urbano, convirtiendo sitios de valor histórico en espacios de expresión política, tales como murales, intervenciones artísticas y performances, los cuales han dotado de nuevos significados a edificios y sus espacios públicos, los cuales están tradicionalmente asociados con el poder y la institucionalidad. Así, lugares que antes eran percibidos únicamente como símbolos del pasado, hoy son también testimonio de luchas contemporáneas por la equidad y la justicia de género,  generando resistencias para un porcentaje de la población que habita la ciudad de Concepción, debido a que estas intervenciones también son vistas como actos de vandalismo o una amenaza a la conservación del patrimonio. Sin embargo, esta visión ignora el carácter dinámico de la historia y la ciudad.

El patrimonio no es un ente estático, sino un reflejo de las sociedades que lo habitan y transforman. La apropiación feminista de estos espacios no implica su destrucción, sino su actualización y resignificación en función de nuevas narrativas y necesidades sociales. Un caso emblemático en el centro de la ciudad de Concepción es el edificio Tribunales de Justicia y su espacio público circundante, el cual ha sido intervenido en diversas ocasiones durante marchas y manifestaciones feministas para fechas conmemorativas tales como el 8 de Marzo de cada año (Día Internacional de la Mujer), observándose con mayor fuerza a partir del año 2018. Estas acciones han permitido que espacios tradicionalmente masculinizados sean reinterpretados desde una perspectiva de género, dándoles una voz a quienes históricamente han sido marginadas en la construcción del relato patrimonial. Reconocer el valor de estas apropiaciones es fundamental para comprender que el patrimonio es, ante todo, un bien colectivo. Su resignificación a través del movimiento feminista no solo amplía su significado, sino que lo hace más representativo e inclusivo. En lugar de rechazar estas intervenciones, deberíamos preguntarnos: ¿De qué manera el patrimonio puede ser un reflejo de todas las voces que conforman nuestra sociedad?