El Mercado de Concepción es un bien de excepcional valor patrimonial e identitario, no solo para Concepción, sino para todo el país. Es obra de los arquitectos Manuel Palma Soto, Raúl Véliz, Eduardo Arrau, Isidoro Latt, Daniel Ramírez y Julio Cordero. Erigido por la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, entre 1945 y 1947, el edificio expresa los valores de una época que concebía la arquitectura pública como un instrumento capaz de fortalecer la ciudadanía y consolidar la vida democrática, al responder a las necesidades colectivas de la población.

Sus cualidades arquitectónicas, de las que sobresale su nave central y sus bordes construidos, forman parte de una estructura espacial de gran repercusión urbana. El mercado pasó a constituir el escenario de la vida pública donde confluía -y aun lo hace- una intensa actividad urbana.

No hay otro espacio de esa categoría, magnitud y escala capaz de amparar la vida pública de una sociedad urbana vital y extenderla en el tiempo. Construido en respuesta a la reconstrucción postcatástrofe del terremoto de 1939 es una pieza arquitectónica excepcional, valorado como contribución esencial a la experiencia y el imaginario colectivo.

Dañado en 2013 por un incendio catastrófico, su defensa, valoración y restauración no ha estado a la altura merecida. Continuos ataques maldicen su presencia fantasmal, de los que solo no se puede defender. Su rehabilitación patrimonial se ha visto envuelta en diversos problemas judiciales relativos a su propiedad que, trece años después, no han hecho más que extender innecesariamente su renovación. A fin de cuentas, todavía constituye la imagen del fracaso de la gestión privada y del Estado centralista en su papel de resguardar, proteger y valorar una obra pública de tamaña importancia.

Después de numerosos intentos, gestiones emprendidas por el GORE en 2022, que aprobó fondos por más de $17.000.000 para la expropiación de la manzana, y del SERVIU, que en 2023 ha encargado vía licitación pública 5407-155-LR23 el Estudio Mercado Municipal Concepción asignó en 2024 el trabajo a dos consultoras asociadas. Sin embargo, a la fecha, el nuevo GORE retiró el financiamiento. Hasta ahora, este equipo ha cumplido con complejas etapas, entre ellas las de validación ciudadana, que legitiman su propuesta y ha presentado un proyecto al Consejo de Monumentos Nacionales, CMN, entidad que actualmente lo revisa. El CMN es la principal institución habilitada para resguardar el patrimonio chileno y cumple un papel profesional necesario, serio y competente.

Las opiniones desinformadas -y probablemente tendenciosas- que se han vertido estos últimos días no hacen más que enredar una gestión profesional y responsable y confundir a la opinión pública. Frente a ellas, la sociedad espera que, por una parte, el resultado del proyecto de rehabilitación aspire a la máxima calidad y, por otra, que el Estado, ya sea a través de sus instituciones nacionales o regionales, asegure el respaldo económico que consolide finalmente su ejecución.

De la misma manera en que el Estado ha resuelto cuestiones similares en la capital, hacemos un llamado para que resuelva también en regiones cuando se presenta un proyecto de esta relevancia para la ciudad y la sociedad en su conjunto,