La vivienda en Concepción es inalcanzable. Un penquista medio debe dedicar nueve sueldos anuales íntegros para comprar un departamento. Este fenómeno se ha acelerado en la última década. Para muchos se debe a una regulación urbana restrictiva que hace subir el precio del suelo y la vivienda. Consecuentemente, relajar o suprimir la norma permitiría el libre funcionamiento de los mercados de suelo e inmuebles y el crecimiento económico. Sin embargo, las estadísticas muestran que la norma laxa produce la subida de precios. ¿Cómo es posible?

Con los datos existentes es posible argumentar al revés: la relajación de la norma produce expectativas de construcción de más viviendas. Como la vivienda hoy en día es considerada un activo financiero, aumentar la producción genera expectativas de venta, generando el alza del precio del producto y del valor de los terrenos. La compra de vivienda se desplaza desde los habitantes a grandes y pequeños inversores que presionan al alza los precios, dejando a las rentas bajas fuera del mercado. La subida de precio presiona a su vez las hipotecas, aumentando el valor de arriendo y haciendo que los hogares se asfixien por su alto coste. Por eso el gran aumento de producción en Concepción, visible en innumerables torres, no ha resuelto el problema del déficit de vivienda.

Este modelo injusto de construcción de ciudad ha llevado a reaccionar y coordinar la acción de vecinos y municipios llevando a regulaciones locales para reducir las alturas permitidas en algunos sectores. Así se hizo en Concepción en 2021 tras una consulta ciudadana. La medida reduce el precio de los terrenos y contribuye a mejorar la calidad de vida en la ciudad, aunque menoscabe los beneficios de los propietarios de suelo y los promotores inmobiliarios. Ante esta situación, estos actores han reaccionado rápidamente. En septiembre, el gobierno nacional, presionado por el sector inmobiliario, ha promulgado el Decreto Supremo N°33, para prorrogar por 18 meses más la vigencia de los permisos de edificación que no hubieren iniciado sus obras a la fecha de promulgación del decreto, muchos de los cuales se habían ingresado antes de la entrada en vigor de la norma que limitaba la altura. Tras la medida, las viviendas en altura y los hogares en campamentos, allegados o tugurizados crecen y seguirán creciendo a la par. No parece lógico ni racional. Lo que los une y vuelve coherentes, sin embargo, es el avance del sector inmobiliario en la acumulación de rentas de la tierra.