Es posible que quienes lean esta columna no estén informados que un plan regulador de ciudad demora en promedio ocho años para su aprobación. Este es sólo un promedio, ya que existen planes reguladores que han demorado más de 18 años, como es el caso de la comuna de Hualpén, sin considerar otros planes, como el Plan Regulador Metropolitano de Concepción que lleva 21 años en este proceso.  El tiempo que demanda la aprobación de un plan regulador es tan prolongado, que el promedio de antigüedad de los planos reguladores en Chile es de 22 años. Esto significa que casi todas las ciudades chilenas son reguladas en la actualidad por planes inspirados en el pasado, que fueron diseñados en contextos urbanos totalmente sobrepasados por la realidad.

Esto es lamentable para el urbanismo y tiene consecuencias muy graves para las ciudades.  En efecto, un plan desactualizado no está en condiciones de responder a los problemas emergentes de tipo social, tecnológico, económico, cultural o ambiental. Esto produce también una desconexión total entre la ciudad y la ciudadanía, la que observa con frustración y rabia cómo la ciudad crece y profundiza sus problemas, al punto que en muchos casos será imposible resolverlos.  Algo más complejo aún es que un plan desactualizado no puede aplicar las nuevas leyes y estrategias que se han creado para mejorarlas, como es el caso de la Ley de Integración Social, entre otras. Por último, el efecto político de este problema es la desmotivación de las autoridades que, conociendo esta dificultad, evitan destinar energía, tiempo, recursos y capital político para algo que no verán realizado en su período de gobierno.

Todo lo anterior configura el peor escenario para el desarrollo armónico de las ciudades. Sin embargo, recientemente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ingresó un proyecto de Ley llamado Modernización y Fortalecimiento del Sistema de Planificación Territorial en Chile. Se trata de un proyecto largamente esperado, que pretende reducir a tres años los tiempos de elaboración y aprobación de los planes reguladores. 

Esta es una gran noticia y una esperanza para el urbanismo.  Ahora la tarea estará en manos de quienes nos representan en el parlamento, y en quienes depositamos la esperanza de una discusión diligente y consciente de la urgencia que representa esta ley para una planificación urbana más efectiva y que llegue a tiempo para responder los problemas de la ciudad y la ciudadanía.