Los resultados del reciente censo son la información más importante del último tiempo para comprender nuestra realidad demográfica y ajustar las políticas públicas. El Gran Concepción superó el umbral de ciudad metropolitana con 1.012.490 habitantes y se consolidó como uno de los conglomerados más grandes del país, luego de Santiago. Esta nueva escala y jerarquía de la ciudad, nos empuja a un futuro mucho más exigente en materia de servicios, infraestructura y conectividad, pero también, nos plantea nuevos desafíos para la resiliencia, el medio ambiente y la equidad territorial.

El crecimiento de la población es una señal positiva, pero con matices. Mientras casi todas las comunas del Gran Concepción aumentaron su población, lideradas por San Pedro de la Paz y Coronel con más de 100.000 nuevos habitantes en los últimos 22 años, otras comunas como Talcahuano y Lota perdieron más de 23.000 habitantes en el mismo período. Esto último es alarmante y anticipa un posible deterioro urbano que puede ser irreversible.

Otro aspecto que enciende las alarmas es el rápido envejecimiento de la población chilena y que tendrá un gran impacto en las ciudades. En efecto, nuestras ciudades han sido planificadas para una sociedad activa y juvenil, que ahora deberá adaptarse a las necesidades de un grupo cada día más numerosos de personas mayores. Los parques, las plazas, el transporte público, el comercio, los servicios y los barrios deberán considerar las necesidades de una población mucho más sensible y en algunos casos más vulnerable. 

Por otro lado, el censo mostró que el tamaño de los hogares en Chile sigue a la baja, con un promedio de tan sólo 2,8 integrantes por hogar. Esto implica que la presión sobre el déficit habitacional seguirá aumentando y la política pública deberá enfrentar más necesidades habitacionales para más hogares pequeños, incluso unipersonales, que ya representan cerca del 22% del total. Esta nueva realidad se sumará al actual déficit habitacional del Gran Concepción que supera las 26.000 viviendas, y al déficit de infraestructura pública que supera el 26% de la población, que no cuenta con acceso adecuado a áreas verdes, educación, salud y transportes.

Los cambios demográficos que arrojó el censo nos obligan a rediseñar las estrategias de planificación urbana: Las comunas que decrecen necesitarán redefinir su futuro o se verán inmersas en un proceso deterioro; El déficit de infraestructura pública y vivienda necesitará de un plan más focalizado, que coordine las inversiones públicas y privadas, asegurando que cada peso del gasto público maximice su efectividad en la reducción de la brecha urbana y social. Finalmente, todas las políticas públicas deberán cambiar el paradigma de una sociedad juvenil y enfocarse ahora en el diseño de ciudades más amigables, seguras y sensibles para una población, que muy pronto será mayoritariamente de adultos mayores.