Si tuviera que priorizar una acción frente a los desafíos del cambio climático en el ámbito de la construcción, sin duda optaría por la rehabilitación energética de las viviendas existentes. Esta medida contribuiría tanto a la mitigación como a la adaptación climática. Mejorar la aislación térmica, recambiar calefactores y sellar infiltraciones son acciones que, en teoría, deberían reducir el consumo energético y, con ello, las emisiones. Sin embargo, la evidencia revela una paradoja: en ocasiones, mientras más eficientes son las viviendas, más energía terminan consumiendo.
Este fenómeno, conocido como “efecto rebote”, ocurre cuando los hogares que habitan en viviendas más eficientes energéticamente no moderan necesariamente su consumo de energía. En general, esto se explica porque las personas ajustan su comportamiento o destinan los ahorros obtenidos a otros bienes y servicios que también requieren energía, compensando así los beneficios esperados. El efecto rebote directo se produce cuando la reducción en el costo de un servicio energético —como la calefacción— lleva a un uso más intensivo de este, por ejemplo, manteniendo una temperatura más alta en casa o utilizando más horas de acondicionamiento térmico. El efecto rebote indirecto, en cambio, aparece cuando las familias gastan menos en energía gracias a la eficiencia y emplean ese dinero en otros consumos que también demandan energía, como viajar más o comprar nuevos electrodomésticos.
En contextos de pobreza energética, este fenómeno adquiere características particulares. Cuando las familias viven en condiciones de habitabilidad muy precarias, mejorar la envolvente térmica o disponer de equipos más eficientes suele traducirse en alcanzar niveles básicos de confort y salud, más que en una reducción proporcional de la demanda energética. En estos casos, el rebote no significa despilfarro, sino la posibilidad de alcanzar estándares mínimos de habitabilidad.
Chile no es ajeno a esta paradoja. Los programas de reacondicionamiento térmico y recambio de calefactores, aunque fundamentales para reducir la contaminación, han mostrado que muchas familias aprovechan la mayor eficiencia para calentar más sus viviendas. Así, los beneficios energéticos y ambientales proyectados se diluyen. El efecto rebote cuestiona la visión simplista de que basta con mejorar la tecnología constructiva para lograr la sustentabilidad.
La evidencia se refuerza con la tesis de Calvo, de la Universidad de Chile, que analizó los Planes de Descontaminación Atmosférica en ciudades del centro-sur del país. El estudio mostró que la pobreza energética actúa como un factor limitante: los hogares con bajos ingresos y viviendas precarias no logran reducir de manera efectiva su consumo de leña, incluso después de recibir subsidios de aislación o recambio de calefactores. En consecuencia, las metas de reducción de emisiones de material particulado fino se ven reducidas a la mitad, o incluso anuladas, cuando no se aborda el componente social.
Si no se toman medidas anticipatorias, las condiciones de pobreza energética podrían obstaculizar los objetivos de transición energética y restar efectividad a las políticas de mitigación de la contaminación del aire. En otras palabras, la eficiencia energética sin justicia social puede transformarse en una promesa incumplida. La rehabilitación energética en Chile debe ser comprendida no solo como una estrategia técnica, sino también como una política social de primer orden: se trata de garantizar que miles de familias que hoy habitan en viviendas húmedas y frías puedan acceder a mínimos niveles de confort sin que ello implique perpetuar altos consumos de leña y emisiones contaminantes. Estas intervenciones cumplen entonces un doble propósito: mejorar la salud y la calidad de vida de los hogares más vulnerables y, al mismo tiempo, avanzar hacia la reducción real de emisiones y la adaptación frente al cambio climático.