En medio de continuos atentados incendiarios, hace unas semanas la industria forestal dijo estar dispuesta vender un total de 14.000 hectáreas a Conadi, lo que más parece una estrategia de resarcimiento a privados que atender el problema de fondo, dando continuidad a una política de compra de tierras que por sí sola no ha resuelto ni resolverá el conflicto.
Frente a un fenómeno complejo, decir que es blanco o negro, solo es factible a expensas del dogma. Dicho esto, diré que el modelo capitalista, implementado a fuerza durante la década del 70`, trajo crecimiento y desarrollo. Sin embargo -a reglón seguido- habría que ir más allá de lo macro, caracterizando dicho desarrollo como espacialmente desigual, sustentado por unos fundacionales procesos de acumulación por desposesión, perpetuados por una no declarada coalición de crecimiento, entre Estado y empresariado, donde el primero abandonó el camino de las políticas de bienestar social en favor del emprendimiento y competitividad privada.
Así, las comunidades en general, y los mapuches en particular, quedaron marginados de participar en la definición, proyección y transformación de sus territorios, los que dejaron de construirse sobre la base del lugar, entendiendo este último como el espacio nervado por la memoria y densidades histórico-sociales, para ser instituidos como espacios abstractos, transables y definidos por su valor de cambio, proceso supuestamente necesario para la acumulación capitalista.
Entonces, el conflicto mapuche es también una pugna entre distintas formas de significar, valorar y concebir un territorio, evidencia viva de un capitalismo de acumulación global y desposesión local, que, con la participación del Estado, profundizó un desarrollo espacial desigual, inequitativo e injusto, produciendo espacios ganadores y perdedores. Dando pie a una brega pública por exponen, comunicar y, en última instancia, intentar romper las coloniales relaciones de poder hegemónicamente impuestas y traducidas en una definición de territorio ajena, carente de lugar, vaciada de toda memoria y significado, estéril en su capacidad de concebir y proyectar lo imaginado, representado y vivido, por parte de quienes lo habitan.
En este contexto se comprende la desconfianza a un Estado de derecho, leyes e institucionalidad pública, que han estado al servicio de los procesos de acumulación por desposesión y a la imposición de un territorio fundado en la espacialidad abstracta del capitalismo, que sentó y proyectó las bases para las grandes fortunas del país, incluyendo la forestal. Destrabar el conflicto requerirá de un Estado que primero dé pasos firmes y claros en descolonizar sus aproximaciones y discursos, entablando un nuevo trato, que, de manera focalizada, corrija los inherentes procesos de desarrollo espacial desigual, basándose en tres pilares fundamentales: una robusta redistribución económica, un decidido y no asimilacionista reconocimiento social, y posibilitar la representación política efectiva en la definición, producción y transformación de sus territorios, restituyendo el derecho de usar el lugar como fundamento para su construcción.